viernes, 9 de septiembre de 2016

EL LAUDO ARBITRAL



El 3 de octubre de 1899, diecinueve días antes de entrar triunfante en Caracas la Revolución Restauradora del General Cipriano Castro, y por Laudo Arbitral de un Tribunal Internacional dictado en París, Venezuela fue despojada de las tierras -150.000 km2- con las cuales limitaba hasta la costa oriental del Río Esequibo.
         Inglaterra, desde los tiempos de Jacobo Primero y la Reina Virgen, se manifestó atraída e interesada por las tierras de la costa oriental de Venezuela, avistadas, conquistadas y en proceso de colonización por España, incluyendo la isla de Trinidad y la zona del Esequibo que igualmente codiciaban neerlandeses y franceses.
         Las primeras incursiones con ese propósito las hizo a través de las expediciones de Sir Walter Raleigh y continuaron perseverantemente hasta fines del siglo pasado hostilizando según las circunstancias a españoles, neerlandeses y franceses hasta asegurarse de buena parte de lo que pretendía.
         Inglaterra capturó y se quedó definitivamente con Trinidad en 1797 en plena guerra napoleónica y con la Guayana Inglesa en 1814. España se mantuvo firme en el resto de sus posesiones, pero el León inglés puso en juego sus artes y todas las variantes posibles de la Conquista para continuar penetrando hasta la orinoquia.
         Cuando el Ejército Libertador echó a los españoles de la provincia de Guayana, Inglaterra no desperdició la oportunidad para prestar su concurso. La Región del Reino Unido (Bretaña e Irlanda), desembarcaron en Angostura y lucharon al lado de los patriotas, mientras una diplomacia sibilina a través de súbditos trataba de influir a los congresistas de Angostura para que cedieran todas las tierras al Sur del Caroní y del eje deltano hasta el Esequibo para fundar una ciudad que se llamaría Nueva Erin, capital Nueva Dublín. El Congreso de Angostura en aprieto porque necesitaba de la ayuda de los ingleses, barajó inteligentemente el asunto y lo que en principio parecía una posibilidad promisoria para los del Reino Unido, se fue desvaneciendo.
         James Hamilton, el mismo que tradujo al inglés el Discurso del Libertador trazando los nuevos parámetros de la naciente República y máximo representante inglés en Angostura, buscó la forma y la encontró de explotar las tierras del Sur y la navegación por el Orinoco hasta que sus derechos fenecieron.
         Dado que la diplomacia, el concurso militar y los empréstitos que los ingleses venían haciendo a Venezuela no conducían tangiblemente a los resultados deseados por su vocación colonialista, el Gobierno inglés decidió en 1887, siendo Presidente el General Antonio Guzmán Blanco, asumir una conducta más agresiva en dos direcciones: a través de la publicación de la llamada “línea Schomburgk” completamente alterada y que abarcaba un territorio al oeste del Esequibo de más de 167.000 kms2 y mediante la presión y penetración de los colonos mineros desde Demerara y la Guayana Británica hasta las ricas tierras auríferas del Yuruary.
         En 1888, bajo el gobierno del doctor Juan Pablo Rojas Paúl, surge una controversia con los ingleses debido al Contrato dado por el gobierno venezolano a “De La Hante y Compañía”  para construir en el lapso de cuatro meses, un Ferrocarril entre el Orinoco y Guasipati compuesto de dos líneas, monopolio exclusivo de 99 años sobre el uso del ferrocarril y pagando el Estado un interés anual del 7 por ciento sobre 1.600.000,00 libras esterlinas que para entonces costaría la construcción de las líneas.
         En verdad, este Contrato para construir un Ferrocarril del Orinoco hasta las minas auríferas del El Callao y que nuca se ejecutó, no era el primero. El Estado venezolano lo había otorgado primero el 24 de mayo de 1881 al General Venancio Pulgar, renovado el 83 por Ley del Congreso y traspasado el mismo año por el Gobierno a la empresa norteamericana “Guayana Limitada”.
         En 1885 se les conceden iguales derechos contractuales al Señor Fitzgerald y el mismo año a Teodoro Delort y Eugenio Firminach.
         El empeño sostenido del Gobierno por la construcción de un Ferrocarril en Guayana nunca tuvo éxito y menos lo iba a tener en 1888, un año luego de haber el Gobierno británico publicado la expandida “Línea Shomburgk” a la par que los colonos británicos presionaban para que el Gobierno de Londres se anexara el rico distrito del Yuruary.
         En 1891, cuando la presión británica virtualmente se veía disminuida, se produjo en Madrid, donde  se decidía la cuestión de límites de la Goajira, un fallo favorable a Colombia. Este laudo arbitral tan desfavorable a los intereses venezolanos alentó al Gobierno Británico y en 1895, bajo el Gobierno de Joaquín Crespo reanudó el avance desde Demerara y el Esequibo, por las inmensas soledades de la selva guayanesa para provocar un conflicto, como en efecto ocurrió con el llamado “Incidente del Cuyuní” protagonizado por el General Domingo Sifontes, que le permitirá dilucidar en forma conveniente una situación en la que ella, Inglaterra, debido a su gran poder imperial, tenía todas las de ganar, como efectivamente sucedió con el Laudo Arbitral de París en que Venezuela perdió 150 mil kilómetros cuadrados en la zona del Esequibo que siempre hemos venido reclamando.
         Pero habríamos perdido más porque era mucho más, 60 mil millas cuadradas, lo que Inglaterra demandaba. Para eso había comisionado al agrimensor prusiano Roberto Shomburgk, es decir,  para que rodara la línea fronteriza una y otra vez que después de 27 años de muerto el señor Shomburgk, continuaron rodando los colonos mineros y tropas inglesas de avance, llegando incluso a establecer cuartel en la margen derecha del Cuyuní frente a El Dorado.
         El Tribunal Arbitral reunido en París y que dictó sentencia favorable a la Gran Bretaña el 3 de octubre de 1899, estuvo integrado por cinco jueces: los británicos Lord Russel, Justicia Mayor de Inglaterra y Lor Collins, Justicia de la Corte Suprema de la Gran Bretaña; M. Fuller, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y D. Brewer, Magistrado de la misma Corte; y como Presidente el profesor de derecho internacional, Frederick de Martens, de al Cancillería de San Petersburgo, de la Rusia zarista. Como se ve, Venezuela carecía de representación.
         Se instaló este Tribunal en enero de 1899 y sesionó durante varios meses conforme al Tratado firmado en Washington el 2 de febrero de 1897 y mediante el cual se sometía el viejo conflicto de límites a un arbitramiento que determinaría la línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la colonia de la Guayana Británica.
         Meses antes, en noviembre de 1896, habían firmado Estados Unidos del Norte e Inglaterra las bases del tratado que debía decidir la cuestión. Dicho tratado fue negociado entre Londres y Washington negándose a Venezuela su derecho a participar directamente sobre este asunto que incumbía a su integridad y soberanía.
         De acuerdo con el Laudo dictado el 3 de octubre de 1899, la nueva frontera de Venezuela con la Guyana Británica comenzaría en Punta Playa, a varias millas de la desembocadura del Orinoco y remataría por el Sur, en fuente del río Corentín. Es decir que otorgaba a Venezuela una zona de la desembocadura del Orinoco y una pequeña faja al Sur del Venamo. En resumen, unas cinco millas cuadradas de las 60 mil en disputa. La nueva demarcación coincidía de esta manera con la línea del naturalista prusiano Robert Shomburgk expandida en 1840, y privada a Venezuela de un inmenso territorio heredado de España a raíz de su independencia.
         Venezuela, obviamente, jamás estuvo de acuerdo con ese Laudo descaradamente parcializado, pero una nación pequeña, desguarnecida y enervada por las luchas intestinas, poco podía hacer, de manera que hubo de esperar más de sesenta años que duró su investigación en los archivos británicos, norteamericanos y franceses, para poder reaccionar con la fuerza de la razón por la vía del derecho internacional. Fue así como en noviembre de 1962 bajo el gobierno de Rómulo Betancourt y dada la decisión de Gran Bretaña de darle la independencia a su colonia, que el entonces Canciller de Venezuela, Marcos Falcón Briceño, denunció ante las Naciones Unidas, el Laudo Arbitral de 1899 y de allí en adelante Venezuela se lanzó a una ofensiva que dio lugar al Acuerdo de Ginebra que fijó las normas y alternativas para una solución pacífica de la reclamación.
         El Acuerdo de Ginebra se dio bajo el gobierno de Raúl Leoni y fue firmado el 17 de febrero de 1966 por Ignacio Iribarren Borges, Ministro de Relaciones Exteriores en representación de Venezuela; Michael Steward, Secretario de Relaciones Exteriores, por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Fobes Burnham, Primer Ministro de la Guayana Británica.
         El Acuerdo de Ginebra fijó en ocho artículos las normas y alternativas para una solución pacífica de la reclamación y en el curso de los acontecimientos vino a dar lugar a lo que se conoció como el Protocolo de Puerto España.
         El 18 de junio de 1970 los gobiernos de Venezuela, de la República Cooperativa de Guyana y del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmaron en la Isla de Trinidad el Protocolo de Puerto España mediante el cual se aplazaba por doce años la reclamación que Venezuela venía haciendo del territorio ubicado al Oeste del Río Esequibo.
         El Protocolo fue firmado por el Canciller Arístides Calvani, en representación del Gobierno de Venezuela; Shiridath S. Rampthal por el Gobierno de Guyana y Roland Charles Colin Hunt, por la Gran Bretaña. Se buscaba con este diferimiento disminuir las tensiones que habían derivado en incidentes fronterizos, siendo la Revuelta de Rupununi el más notable.
         El Protocolo de Puerto España fue denunciado bajo el gobierno de Luis Herrera Campins por el Canciller José Alberto Zambrano, quien planteó ante el Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, la reclamación venezolana sobre el Esequibo y la necesidad de encontrar una solución práctica, amistosa y satisfactoria para ambas partes, de esta manera, la reclamación venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra, regresó a las negociaciones bilaterales con le gobierno de Guyana.
         A partir de entonces ha habido un proceso de ablandamiento de las tensiones que se inició con la visita del Presidente Carlos Andrés Pérez y la firma de la “Declaración de Ayacucho” en la cual se subraya la aceptación del pluralismo ideológico. Luego vino a Venezuela el mandatario Forbes Burnham en abril de 1981, tiempo de Luis Herrera Campins.
         La muerte de Burnham, quien siempre tuvo una posición dura y casi intransigente frente a la reclamación venezolana, dio paso a Desmond Hoyte, mucho más abierto a un entendimiento y al igual que su antecesor también vino a Venezuela y se suscribieron convenios que abrieron una etapa de entendimiento para ambos países. Los convenios firmados el 27 de marzo de 1987 establecen supresión de visas, creación de una Comisión Mixta para concretar convenios de cooperación económica y un programa de acción conjunta contra el narcotráfico. El segundo gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez fue todavía más abierto en la cooperación económica como vía que busca dejar las cosas como están, pero insistiendo en que todo desarrollo que el Gobierno de Guyana planifique para el Esequibo sea con participación venezolana.



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